Los gestores de riesgos deben estar atentos a la próxima Ley de Finanzas Delictivas, que podría plantear algunos problemas de cumplimiento.

El proyecto de ley recibió la sanción real el 27 de abril, por lo que sabemos que entrará en vigor en los próximos meses y varios expertos han dicho que lo más probable es que lo haga en septiembre. El objetivo general es hacer frente al blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción, además de permitir una mejor recuperación de las ganancias mal habidas.

Estos son los puntos principales del proyecto de ley:

  • Introducción de un nuevo delito penal para las empresas que no eviten que sus empleados ayuden a la evasión fiscal.
  • Creación de «órdenes de riqueza inexplicable», lo que significa que los sospechosos de delitos graves deben revelar sus fuentes de riqueza.
  • Permite la incautación y el decomiso del producto del delito y del dinero del terrorismo almacenado en cuentas bancarias.
  • Ampliación de los poderes de recuperación civil en virtud de la Ley sobre el Producto del Delito para facilitar la recuperación de ganancias obtenidas mediante abusos de los derechos humanos en el extranjero.
  • Nuevos protocolos para compartir información entre empresas reguladas y plazos más largos para que las agencias investiguen transacciones sospechosas.
  • Prórroga de las órdenes de divulgación para las investigaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Entonces, ¿cuáles son las cuestiones clave para los gestores de riesgos? Sin duda, una de las mayores preocupaciones debe estar relacionada con el delito de ayuda a la evasión fiscal, ya que significa que las empresas corren el riesgo potencial de multas ilimitadas y condenas penales. Una empresa también podría enfrentarse a la revocación de su licencia, la inhabilitación de sus directivos y la prohibición de participar en procesos de contratación pública. Por tanto, si una empresa presta servicios de asesoramiento, ahora es el momento de estudiar si es necesario reforzar los procedimientos. La ley también afecta a quienes realizan negocios a escala mundial, es decir, si el delito lo comete una empresa británica o se trata de una empresa que realiza parte de su actividad en el Reino Unido. En general, el Proyecto de Ley de Finanzas Criminales podría ser el impulso adecuado para echar un nuevo vistazo a los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y ver cuál es el enfoque cultural de la evasión fiscal: podría ser que se necesitara una mayor prioridad. Evadir impuestos ya es un delito, pero ahora la ley también pone en el punto de mira a quienes mantienen la relación con el cliente, es decir, a quienes asesoran para que se infrinja la ley. Las empresas podrán defenderse demostrando que contaban con «procedimientos de prevención razonables», pero la conducta del personal debería ser ahora objeto de un mayor escrutinio. También se ha sugerido que podría haber más denuncias si los empleados tienen sospechas sobre un colega. Para cualquier empresa especializada en asesorar a personas adineradas y que quizás tenga experiencia en áreas como los fideicomisos y las inversiones en paraísos fiscales, una evaluación completa de los riesgos puede ser una forma sensata de avanzar, ya que ayudará a mostrar dónde se encuentran los riesgos. También debe impartirse una formación detallada, para que todos los empleados afectados, desde el personal de primera línea hasta los miembros del consejo de administración, comprendan la ley y sus responsabilidades. En particular, la ley también se refiere tanto a los empleados como a los «asociados» que trabajan en nombre de una empresa, por lo que los que trabajan en régimen de subcontratación y en acuerdos de asociación también deben ser objeto de investigación y formación. Luego está el elemento de intercambio de información, mediante cambios en el régimen de informes de actividades sospechosas (IAS). Si una organización tiene sospechas fundadas de blanqueo de capitales, debe notificarlo a la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Una vez dado el visto bueno, pueden colaborar con otras organizaciones reguladas y proporcionar detalles en un denominado «super SAR». Unas pruebas suficientes podrían dar lugar a la congelación de fondos y al enjuiciamiento. De nuevo, se trata de un enfoque diferente y las empresas deben estar preparadas tanto para facilitar información como para solicitarla. Aunque son las empresas que prestan asesoramiento fiscal las que corren mayor riesgo, las que ofrecen orientación financiera en general a clientes adinerados deben asegurarse de que están plenamente preparadas para satisfacer las exigencias de esta nueva legislación que se aproxima rápidamente. Lectura adicional útil: «Nuevas consideraciones sobre riesgos e información en materia de delitos financieros para 2017»