Los gestores de riesgos deben estar preparados para las nuevas leyes que puedan promulgarse para garantizar a los denunciantes un trato justo, el anonimato y posiblemente una recompensa económica. Esto se debe a la preocupación de que los denunciantes puedan enfrentarse a dificultades extremas, pudiendo verse obligados a dejar sus puestos de trabajo y tener dificultades para encontrar una alternativa. En el peor de los casos, podrían declararse en quiebra.

En agosto se creó un grupo multipartidista de políticos para presentar recomendaciones sobre una legislación más eficaz en materia de denuncia de irregularidades. El Grupo Parlamentario Multipartidista sobre la Denuncia de Irregularidades está escuchando testimonios sobre la necesidad de un cambio. El grupo también estudiará la cuestión de los pagos económicos a los denunciantes: en Estados Unidos se han pagado «recompensas» por valor de unos 6.500 millones de dólares.

¿Deben recibir recompensas los denunciantes?

En el Reino Unido, y más ampliamente en toda Europa, ha existido una oposición cultural a los incentivos monetarios. Sin embargo, esta opinión ha sido cuestionada por inexacta y desfasada. Stephen Kohn, abogado estadounidense que representa al delator británico del Danske Bank, Howard Wilkinson, sostiene que las recompensas económicas están justificadas y son necesarias. Afirma que el sistema europeo «convierte a los informadores en mártires», aunque es probable que las cantidades recuperadas superen con creces los pagos efectuados. «Europa está dormida. Estoy enfadado por lo que veo en Europa», dijo en una conferencia. La sucursal estonia de Danske Bank está en el centro de un escándalo de blanqueo de dinero de 200.000 millones de euros, y otros bancos también están potencialmente implicados. Jes Staley, director ejecutivo de Barclays, también mostró un mal comportamiento bancario a raíz de un incidente con un informador, y en mayo la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad Reguladora Prudencial le impusieron una multa de 642.430 libras, además de exigirle que devolviera su bonificación de 500.000 libras. Staley admitió que se «involucró» demasiado en un incidente ocurrido en 2016, cuando trató de localizar al autor que había enviado cartas despectivas sobre un nuevo contratado, Tim Main, antiguo colega y amigo, Staley trató de averiguar quién estaba detrás de ellas recurriendo a los expertos en seguridad del banco. Los reguladores criticaron duramente la injerencia de Staley, afirmando que se trataba de un claro conflicto de intereses. Ahora Barclays tiene que informar anualmente a los reguladores sobre cómo gestiona los asuntos relacionados con las denuncias. Lloyds también ha estado en el punto de mira por la forma en que trató a una antigua responsable de riesgos de HBOS, Sally Masterton, que descubrió un gran fraude en una sucursal. Masterton abandonó el banco en 2014 tras exponer sus preocupaciones en un informe sobre un fraude de liquidación de activos en una sucursal de HBOS en Reading, antes de que el banco fuera adquirido por Lloyds en 2008. Empleados deshonestos estaban expulsando a pequeñas empresas para obtener beneficios económicos, y seis de ellas han quebrado desde entonces. Sin embargo, existen acusaciones de que el informe se ocultó para que no influyera en el acuerdo de adquisición. El caso se ha planteado en el Parlamento, y el parlamentario Kevin Hollinrake, copresidente del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Banca Empresarial Justa, ha afirmado que Masterton no sólo fue «tratada de forma vergonzosa», sino que era necesario pedir una investigación «completa y exhaustiva» sobre el asunto. Entretanto, ha recibido recientemente una disculpa y una compensación económica no revelada por parte de Lloyds.

Los bancos deben ser coherentes

La FCA se pronuncia ahora sobre el tema y ha dicho a los bancos británicos que no están tratando la denuncia de irregularidades de forma coherente. El regulador quiere que los bancos comprueben sus procedimientos para documentar las investigaciones sobre denuncias y que dispongan de programas de formación adecuados y diferenciados para el personal, los directivos y los investigadores internos. La FCA añadió: «Esperamos que la alta dirección de las empresas supervise y garantice que su empresa ha considerado e implantado plenamente mecanismos eficaces de denuncia de irregularidades y evalúe continuamente cómo funcionan en la práctica». Los denunciantes son a menudo la clave para desentrañar los delitos financieros, pero la tramitación de los casos nunca va a ser fácil, ya que algunos pueden estar ellos mismos implícitos en el fraude o tener sus propias agendas. Pero, dejando esto a un lado, una política sólida que resista los más altos niveles de escrutinio normativo y jurídico debe considerarse ahora una prioridad absoluta.